Delitos socioeconómicos

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a un antiguo directivo de una empresa energética al que la compañía había demandado por revelar secretos empresariales. El exempleado había conservado facturas y documentos contables confidenciales a los que accedió por su trabajo en el área de control interno. La documentación recogía pagos importantes a proveedores de seguridad y cantidades abonadas por dietas y retribuciones en un órgano consultivo territorial. 

En 2004, el directivo y otros dos trabajadores depositaron parte de esos documentos ante notario. Años después, cuando ya estaba jubilado, entregó algunos en una investigación penal sobre pagos de la compañía. Además, aparecieron en la prensa copias coincidentes con las que había guardado. La empresa acudió a los tribunales y pidió que dejara de divulgar la información, entregara toda la documentación y se publicara la sentencia.

Inicialmente, tanto el juzgado mercantil como la audiencia provincial consideraron que había actuado de forma ilícita. Entre otras razones, valoraron que hubiera mantenido los documentos durante años sin denunciar. Sin embargo, el antiguo directivo recurrió al TS, defendía que la Ley de Secretos Empresariales permite revelar información para sacar a la luz irregularidades en defensa del interés general o para proteger un interés legítimo.

Para el TS, lo decisivo no era si los documentos eran secretos -eso no se discutía-, sino si estaba justificado obtenerlos, conservarlos y revelarlos. El TS apreció motivos razonables para sospechar, los elevados importes, una anotación que indicaba que no debían escanearse y el depósito conjunto ante notario. También consideró comprensible que el trabajador hubiera esperado por temor a sufrir represalias mientras seguía en la empresa.

El TS entiende que bastaban sospechas razonables de infracciones reales o posibles y que, en este caso, estaban protegidas tanto la entrega de documentos a la investigación judicial como su revelación periodística. Por ello, anula las decisiones anteriores y desestima la demanda de la empresa contra el antiguo directivo.

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